Un total de 108 profesores universitarios, expertos en urbanismo, arquitectos y geógrafos de prestigio presentaron en abril de 2006 un manifiesto en el que reclamaban mayor control sobre los procesos que de manera más intensa están cambiando la fisonomía y calidad ambiental de nuestros paisajes. Pese al tiempo transcurrido desde su publicación la mayoría de sus reflexiones están plenamente vigentes.
MANIFIESTO POR UNA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO
La evolución que están experimentando los usos del suelo en España,
principalmente a causa de los avances de una urbanización realizada de forma
masiva y sobre terrenos no siempre adecuados, es muy preocupante. Este proceso
está teniendo consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas cuyo
alcance, en muchos casos, no viene siendo ni considerado, ni corregido. El actual
modelo de urbanización está teniendo asimismo consecuencias perniciosas para la
calidad de vida de los ciudadanos –de las que son expresión palmaria las
dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la movilidad y el aumento de
los costes de los servicios- y puede comportar efectos preocupantes para el mismo
equilibrio del sistema financiero y la actividad económica, tal como han advertido
en reiteradas ocasiones las autoridades fiscales y monetarias. Además, la práctica
del urbanismo ha devenido demasiado a menudo sinónimo de opacidad, de “mala
política” y aún de corrupción. Así, el instrumento que debería servir para ordenar
los usos del territorio en beneficio de la colectividad ha acabado identificándose,
en muchos casos, con una técnica ininteligible donde la participación democrática
del conjunto de actores presentes en los territorios es irrelevante y prevalecen los
intereses de los agentes urbanizadores.
En el campo disciplinar, la propia expresión “ordenación del territorio” no ha
alcanzado todavía un suficiente consenso científico-técnico, y su práctica real en la
mayoría de las Comunidades Autónomas no ha llegado a ser relevante en términos
político-administrativos Así, se consume voraz y desordenadamente un recurso
limitado, el territorio, sin disponer de instrumentos adecuados y sin que se atisben
respuestas suficientes a los graves e irreversibles daños que en muchos lugares se
están ocasionando.
La gestión prudente del territorio debe convertirse en el elemento central de un
nuevo debate ciudadano. Un debate democrático en el que participen todos los
actores concernidos, especialmente aquellos que menos capacidad tienen para
hacer oír su voz. Es imprescindible que la sociedad española tome conciencia de
que, de persistir, el mal uso y desgobierno del territorio acarrearía, tras una corta
etapa de grandes beneficios privados, largos periodos de onerosos costes
ambientales, económicos y sociales. La mayor capacidad técnica para transformar
la naturaleza y los espacios de vida, el rápido aumento de la población y de los
niveles de consumo debe ir acompañada de prudencia y respeto en el uso y la
gestión de los recursos de que disponemos. Sólo así conseguiremos mantener y
mejorar nuestro nivel de bienestar, sólo así aprovecharemos las grandes
potencialidades de que goza nuestro territorio, sólo así evitaremos legar a las
generaciones venideras una España desfigurada, plagada de riesgos y repleta de
exasperaciones cotidianas, de desequilibrios territoriales, de procesos
segregadores y de deterioro irreversible de elementos culturales, simbólicos y
patrimoniales.
El buen gobierno del territorio, de la ciudad y del campo, como el representado en
el maravilloso fresco del Palacio Comunal de Siena, es responsabilidad de todos.
Por ello debe convertirse en un tema político de primer orden, entendiendo por
político no únicamente la práctica institucional o partidaria, sino también el
compromiso del conjunto de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene derecho a vivir
en un ámbito digno, sano y bello, pero también tiene el deber de cuidarlo y de
exigir que velen por él quienes tienen la representación de la sociedad. En este
sentido hay que saludar con optimismo el incremento de las asociaciones y
entidades que en toda España pugnan por preservar determinados espacios
amenazados por procesos de urbanización inadecuados. Pero debemos ser
capaces de dar a estos movimientos no sólo un carácter defensivo y local, sino
también propositivo y general. Urge pues poner las bases de una nueva cultura del
territorio. Una nueva cultura territorial que impregne la legislación estatal y
autonómica, que oriente la práctica de todas los ayuntamientos y el conjunto de
las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento
del mercado, que corrija en beneficio de la colectividad los excesos privados y que
haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y
la equidad social.
Esta nueva cultura del territorio debe estar sustentada, a juicio de los firmantes,
en los siguientes principios, criterios y prioridades:
1. El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad
encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente
de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las
pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren
singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como
recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente
identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del
territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en
cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar
sus valores para las generaciones presentes y venideras.
2. El territorio es una realidad compleja y frágil. Toda realidad territorial,
todo lugar, está compuesto de múltiples elementos naturales y culturales y de sus
interrelaciones, que deben ser adecuadamente considerados. Las actuaciones con
gran incidencia territorial (urbanización, obras públicas, extracción de minerales,
roturaciones, forestaciones, etc.) tienen habitualmente consecuencias irreversibles.
Por ello, deben realizarse con conciencia de dicha complejidad y evaluando
previamente las múltiples repercusiones posibles. El principio de precaución es de
imprescindible aplicación a todas estas transformaciones.
3. El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales
que no pueden reducirse al precio del suelo. Estos valores sociales difíciles de
medir en términos monetarios convencionales deben ser tomados
sistemáticamente en consideración por las administraciones responsables de velar
por sus cualidades y potencialidades. La apropiación privada de cualquier parte del
territorio debe ser compatible con dichos valores; por ello, la propiedad del suelo y
la vivienda debe ser ejercida con respeto de su función social, y con la asunción
plena de la responsabilidad de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su
potencial paisajístico.
4. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de
primer orden. En efecto, la correcta gestión del proceso de urbanización permite
reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas, contener los
precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los
servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños
ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y
a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La
gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental,
pero resulta también un apremiante imperativo económico.
5. El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial
para la actuación de los poderes públicos. Así, frente a toda veleidad
desreguladora, hay que defender la importancia de la legislación, la normativa y la
gestión urbanística para el buen gobierno del territorio. Ahora bien, la práctica
urbanística debe dotarse de nuevos horizontes y de nuevas herramientas
disciplinares y administrativas. Sólo de esta forma dará respuesta a las
necesidades sociales, propiciará la coordinación política horizontal entre distintos
departamentos y fomentará la concertación vertical entre administraciones y con
los agentes sociales. El conjunto de administraciones competentes deben propiciar
pues una revalorización del planeamiento territorial y general, suprimiendo la
utilización espuria de otros instrumentos de menor alcance espacial pero con alta
incidencia real, cuya aplicación abusiva ha tenido como consecuencia la
urbanización masiva, desordenada e inadecuada de suelo rústico
6. El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar
el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente.
El planeamiento municipal es la escala básica de la práctica urbanística, pero en
demasiadas ocasiones los planes locales de ordenación está sirviendo casi
exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana. Ante esta deriva, hay
que defender planes municipales de ordenación que atribuyan valores positivos a
todas y cada una de las partes del término municipal, basando el crecimiento
urbano en criterios ecológicos y sociales, más allá de la simple consideración de la
oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos. En
particular, debe abandonarse la concepción del suelo rústico como un espacio
residual, perennemente pendiente de urbanización futura y comprender que la
permanencia de suelos rústicos destinados a las prácticas agrarias se hace
imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en los contextos
espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas. La defensa del
espacio abierto, como matriz territorial básica es hoy una prioridad que debe ser
perseguida adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de
tierras y/o expropiación por interés social.
7. El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el
trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el
sistema de los espacios abiertos. En un territorio crecientemente integrado el
planeamiento municipal no puede hacer frente por si solo a las dinámicas de
transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca disponer de
un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento
municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro en el
consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social. El planeamiento
territorial debe ser un compromiso a la vez general y suficientemente concreto, por
cuyo cumplimiento y desarrollo será evaluada la actividad política de los partidos y
responsables públicos que lo formulan y aprueban. Sobre las Comunidades
Autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una mayor voluntad
política de ordenar su territorio superando la situación creada casi exclusiva del
planeamiento urbanístico. Deben aumentar su capacidad administrativa y técnica
para realizar planes de ordenación y de hacer real el orden territorial que se
propongan tener. Es imprescindible la formulación de modelos de ordenación
territorial para ámbitos metropolitanos, litorales y de espacios rurales, con
ciudades medias y/o espacios naturales protegidos.
8. El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden
desentenderse del territorio. Con pleno respeto a las competencias que la
Constitución española otorga a las Comunidades Autónomas y a los municipios en
ordenación territorial y urbanismo, la administración general del Estado no puede
dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades. En el
momento actual es inaplazable la revisión de la legislación todavía vigente desde
1998 sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo y resulta imprescindible
una nueva legislación del suelo que supere la visión estrecha según la cual la
vocación esencial del suelo sería su urbanización. La legislación del Estado debe
requerir a las administraciones competentes la atribución de valores sociales
positivos a todas las partes del territorio español, puesto que todas ellas afectan a
la calidad de vida de los ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o
ambientales y en todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural.
Sobre el gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y
proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para los
gobiernos locales que responda a los principios de suficiencia financiera y
adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar.
9. En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe
atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad
global. El Estado español ha suscrito y/o ratificado diferentes acuerdos
internacionales (Convención sobre conservación y protección de la vida silvestre y
el medio natural, Berna, 1979; Carta Europea de Ordenación del Territorio,
Torremolinos 1983; Convención para la protección del patrimonio arquitectónico de
Europa, Granada 1985; Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el
desarrollo, 1992; Estrategia territorial europea, Postdam, 1999; Principios
directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, 2000,
Hanover; Convención europea del paisaje, Florencia, 2000). En estas
circunstancias, el conjunto de las administraciones públicas españolas están
obligadas a seguir las orientaciones que en ordenación del territorio desarrollan
otros estados europeos de forma consecuente con dichos tratados y con
repercusiones muy positivas para sus ciudadanos.
10. El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia
económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio.
Para promoverla es necesario un gran acuerdo que debe tener su reflejo tanto en
la actuación administrativa como en las prácticas sociales. Así, las administraciones
que actúan en cada nivel territorial (local, autonómico, estatal y europeo) deben
revisar sus objetivos, sus normativas e instrumentos de gestión territorial para
ponerlos de forma más efectiva al servicio de la colectividad. Y los ciudadanos, al
mismo tiempo que reclaman el derecho de un trato equitativo en cualquier
territorio, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las
generaciones venideras.
Mayo 2006
