jueves, 5 de junio de 2014

IDENTIDAD TERRITORIAL, PAISAJE Y RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES PÚBLICOS EN SIERRA DE GATA



Hoy en día el paisaje es percibido como un bien común con un elevado sentido integrador en la definición y personalidad de los territorios, aunando la valoración que suma la integración de las características del territorio y su reivindicación como seña de identidad y referencia. El paisaje, como imagen global de un territorio, es valorado como un bien de dominio público, como recurso social, económico y cultural, y su correcta gestión aglutina un elevado y patente carácter indicador del desarrollo sostenible de un territorio y ha sido utilizado para poner en marcha políticas de valorización paisajística.

En esa línea parece situarse la propuesta de Sierra de Gata Paisaje Cultural, loable empeño donde concurren distintas administraciones (Diputación de Cáceres, Gobierno de Extremadura) y muchos administrados (empresarios, colectivos y ciudadanos de Sierra de Gata en general). Desde luego, argumentos no faltan en Sierra de Gata: toda una diversidad de enclaves donde, sin grandes monumentalidades ni espacios virginales, a los elementos naturales se suma la memoria cultural de la acción del hombre y los testimonios de sus ritmos vitales: desde el cercado a la vereda empedrada, de los elaborados bancales a las sabias acequias y el primor de los huertos. Un paisaje que por naturaleza es dinámico y cambiante en la medida en que muda el territorio que lo sustenta, sobre el cual convergen procesos de cambio y valoración por el decaimiento de los usos tradicionales que lo sostenían y las nuevas funcionalidades que se superponen sobre esa trama física y humana.

Ese es el contexto en el que hoy en día se debate el paisaje gateño. Un paisaje que en muchas ocasiones ha evolucionado mediante ritmos impuestos, ajenos a la comarca. Un paisaje en el cada verano suele dejar algunos telones negros a causa de los incendios. Un paisaje donde pese al impulso de valorización como recurso y marca territorial aún intervienen actores a contracorriente de la misma y con gran capacidad de transformación, especialmente cuando son actores de la propia administración pública.



El caso más reciente ha tenido lugar en el municipio de Gata, donde se ha realizado la construcción de una pista forestal por parte de los Servicios Forestales de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio ambiente y Energía. Visible desde buena parte de los aledaños de la comarca por su gran impacto visual y paisajístico, los Servicios Forestales se han empleado a fondo en la construcción de una pista forestal en el monte público nº 14"La Sierra", propiedad del Ayuntamiento de Gata. Es una zona serrana de fuertes pendientes, robles, abundantes berrocales graníticos y cabecera de manantiales y arroyos. Se trata, en suma, de parajes de reconocido valor ambiental y paisajístico en las zonas mejor conservadas en el municipio de Gata y en pleno corazón de la Sierra de Gata, en Las Jañonas, a los pies de monumentos comarcales tan simbólicos como el castillo de La Almenara. Toda la zona se ubica en plena zona ZEPA "Sierra de Gata y Valle de las Pilas" y también LIC "Sierra de Gata", integrados en Red Natura 2000.




Castillo de La Almenara, testigo de los viejos  y los nuevos tiempos.

A modo de muestra e los valores ambientales se puede indicar que se trata de una zona de campeo de la cercana colonia de buitre negro del Valle del Árrago, que en Extremadura está catalogado como «sensible a la alteración de su hábitat» por el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, en el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y que cuenta con el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre Negro en Extremadura (ORDEN de 6 de junio de 2005, DOE nº 71, 21 de junio de 2005).

En relación al lince ibérico, catalogado "en peligro de extinción" tanto en Extremadura como en España, la zona de actuación recibe la catalogación de "prioritaria" en el Plan de Recuperación del lince ibérico en Extremadura (ORDEN de 27 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Extremadura, DOE nº 69, 17 de junio de 2004).



Tramos de arranque de la pista, sobre una pista anterior 
ajustada al berrocal entre la masa forestal de pinos y robles, con fuertes pendientes.

Por su planteamiento y dimensiones, la pista en cuestión tiene más trazas de carretera que de infraestructura forestal, con una anchura de 7 metros, lo cual da idea de la sensibilidad con la que se ha realizado. Se desconoce si la obra disponía de estudio de impacto ambiental o condicionado ambiental para evitar afecciones en Red Natura. De haber existido, más allá del trámite burocrático no parece que hayan planteado excesivas limitaciones, aparte de las propias de la construcción en un medio serrano de fuertes pendientes, cabecera de arroyos y abundantes roquedos graníticos, aparte de que dada su localización y altitud esta pista es visible desde grandes distancias.





Estas pistas, como otras actuaciones similares denunciadas en las vecinas Hurdes, se conciben más como obras públicas que actuaciones de mejora forestal, lo cual implica que los presupuestos sean mucho mayores (casi 200.000 euros de presupuesto inicial), aunque se realizan bajo la excusa de "mejoras forestales" para la defensa frente a incendios. Toda una paradoja porque donde se ha intervenido no es precisamente una zona de elevado riesgo (grandes berrocales, pastos y robles), y por el contrario se abren nuevas vías de acceso a enclaves hasta ahora poco transitadas, lo cual conlleva precisamente el peligro asociado a facilitar a los pirómanos el acceso rodado a zonas sensibles pues está comprobado que la mayoría de los incendios en la zona tienen una clara intencionalidad.

Estos argumentos de vulnerabilidad ya se indican en las fichas descriptivas de los valores de la ZEPA y LIC (se pueden descargar desde www.extremambiente.gobex.es) indicando que los caminos y pistas "se magnifican" de manera que se crean amplias pistas como accesos de calidad a zonas con escaso tránsito, incidiendo en la vulnerabilidad a los incendios por la intencionalidad de su origen, favoreciendo el riesgo de erosión por las pendientes y las precipitaciones abundantes así como las pertinentes molestias a la fauna y el proceso general de fragmentación del territorio.

Otra circunstancia añadida es que estas actuaciones se financian con fondos europeos FEADER para el medio rural destinados a la “mejora del medioambiente y entorno rural", en una comarca como Sierra de Gata donde precisamente desde hace muchos años se invierten también fondos europeos para reivindicar otras formas de desarrollo rural donde la preservación de los valores ambientales y el paisaje son considerados como un pilar esencial para su desarrollo pero que desde organismos tan significativos en la gestión del medio natural como los Servicios Forestales de la propia administración regional parecen no sentirse comprometidos. En el caso de Gata casi el 80 del término (zona serrana, sin La Moheda) está incluido en monte público gestionado por la administración forestal.




Es preciso que lo que desde el territorio se apuesta como seña de identidad, bien de interés común, patrimonio colectivo y recurso, sea tenido en cuenta desde los distintos niveles de competencia administrativa y las políticas sectoriales que emanan de las mismas, a veces profundamente contradictorias. Tanto desde la responsabilidad individual como ciudadanos y, especialmente, desde la responsabilidad colectiva representada por las autoridades locales y comarcales, debemos exigir la necesidad de que los distintos proyectos de intervención pública respondan a las verdaderas necesidades de las zonas y sean cuidadosos en el respeto a la idiosincrasia de estos lugares.

Es necesario que la administración asuma un mayor compromiso en la defensa de una gestión más racional del territorio que administra, una mayor sensibilidad acorde a las catalogaciones y reconocimientos que los definen. Especialmente la administración forestal, con responsabilidad directa en la gestión de muchas miles de hectáreas en Sierra de Gata, y también de los ayuntamientos, titulares de dichos terrenos.

Debemos exigir que los gestores públicos sean los primeros en dar ejemplo con el cumplimiento riguroso las políticas, programas, estrategias y planes que además forman parte del ordenamiento jurídico, porque de lo contrario generan importantes agravios comparativos con respecto a los ciudadanos a los que la administración exige el cumplimiento de la legislación que ella no observa. A ello se suma la evidencia de derroche asociado al gasto de fondos públicos para políticas totalmente contradictorias, lo cual es directamente reprochable e injustificable especialmente en los tiempos actuales.



José Antonio Mateos Martín